La Corte consideró probado que distintas mujeres, que participaban de una manifestación en Atenco (México), al ser detenidas sufrieron, por parte de la policía, violencia física, verbal y sexual. La Corte señaló que este accionar fue un patrón del operativo de seguridad y observó con preocupación “… que la gravedad de la violencia sexual en este caso, además de su calificación como tortura, surge también por el hecho que se utilizó como una forma intencional y dirigida de control social”